La situación es la siguiente: meses atrás, en julio del 2016, Venezuela asumía la presidencia del MERCOSUR. Esto lo hizo de forma legítima, ya que le correspondía por orden alfabético; el método de sucesión del organismo hace ya un tiempo.

A poco tiempo de asumir cargo, Venezuela recibió una declaración de Argentina, Brasil y Paraguay, otros tres Estados Parte. La declaración establecía un plazo de tiempo para que Venezuela se acomodara a la normativa del MERCOSUR respecto del Protocolo de Adhesión. El plazo era hasta el primero de diciembre, y durante ese tiempo, se esperaba que el país incluyera de una vez en su legislación nacional las normativas respecto a: el libre comercio, el Protocolo de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, y el Acuerdo sobre Residencia de los nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR.

Dicha declaración funcionaba como una suerte de sanción moral. Es decir, si bien no era aun una sanción formal ya que Venezuela no quedaría expulsada permanentemente del organismo, tenía el objetivo de encarrilarla en su adhesión mediante la presión de los ojos del mundo. La sanción moral se ejerció mediante diferentes publicaciones y acusaciones públicas donde se exponían las violaciones de Venezuela a los principios del MERCOSUR frente a toda la comunidad internacional.

La sanción moral no fue efectiva y el primero de diciembre, sin haber cumplido con la normativa, Venezuela quedó suspendida del MERCOSUR.

Cabe destacar a este punto, la significancia en el análisis de las relaciones internacionales implicadas. Si bien suspendida, Venezuela se defiende aún detrás de una herramienta pre-establecida por normativa del MERCOSUR: El Tratado de Olivos. Este tratado fue creado para resolver la controversia entre Estados Parte, y posee un Protocolo que establece la conformación de un Tribunal en caso de que la negociación directa entre Estados fracase, y deba recurrirse a un arbitraje.

El camino jurídico que propone el Protocolo de Olivos, tendría entonces efectos vinculantes y obligatorios. Venezuela se estaría sometiendo ante un ultimátum. El arbitraje podría resultar en la expulsión definitiva de Venezuela, o, en otra oportunidad para adherirse al organismo.

La suerte de ésta se definió el 25 de abril cuando en una reunión los demás Estados Parte debieron aceptar o rechazar la lista de árbitros propuesta por Venezuela.

Ahora, ¿qué significa todo esto ante los ojos de la comunidad internacional? Podría debatirse que el rechazo por parte del MERCOSUR al liderazgo de un Estado que representa la violación a los principios y valores que el organismo respeta, refleja elegancia y profesionalismo. Claramente, el liderazgo actual del Presidente argentino Mauricio Macri demuestra un giro de izquierda a derecha, más propicia para respaldar esta “puesta de puntos” ante la violación de dichos principios.

La contracara de este análisis se basa en las denuncias de Venezuela misma. La Canciller venezolana, Delcy Rodriguez, ha denunciado una falta de institucionalidad y de violación a los derechos de Venezuela en la suspensión. En este sentido, hace ruido en la comunidad internacional el hecho de que no se recurriera al camino protocolar y jurídico para el trato de este asunto (el cual sería mediante el Protocolo de Olivos) antes.

El futuro del MERCOSUR y el éxito de sus proyectos en mira, dependen del camino que se tome para solucionar la disputa y la presión internacional. Bajo la dirección de Macri, el MERCOSUR intenta cerrar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, acercarse a la Unión Transpacífica, y tener acceso a los acuerdos Transatlánticos con los Estados Unidos. La imagen negativa y de izquierda de Venezuela funciona como una piedra en el zapato a la hora de perseguir estos objetivos. Sin embargo, la forma en que se resuelva el aislamiento de Venezuela del organismo, funcionará como una evaluación de la comunidad internacional sobre el MERCOSUR.

Foto de portada: OEA - OAS .