Esta semana hubo una cantidad razonablemente extraña de noticias con respecto a la religión. En nuestro país, dos con respecto a la religión más practicada, es decir, el catolicismo: la noticia de las monjas que tenían elementos de tortura en su convento en Nogoyá; y la prohibición al Presidente de apadrinar a un niño.

Los argentinos, como sociedad, nos cuestionamos y nos sorprendemos con ciertos elementos, pero ¿qué pasa con el Estado? Argentina es un país en su mayoría católico, pero ¿qué dice nuestra Constitución, nuestras leyes sobre las creencias religiosas? ¿Cómo responde la sociedad ante estos temas?

Comencemos por destacar que en nuestro país es normal asociar al poder a una especie de religión nacional. Esto incluye festejar las fechas del catolicismo como si fuesen nacionales, y vivir en pos de los tiempos de una religión, como si fuese un credo a nivel país. Es decir, la religión católica se profesa públicamente, hasta en los sectores políticos.

Recordemos que hasta 1994, con la reforma de la Constitución, el Presidente debía ser católico y la religión del Estado era el catolicismo. A partir de esta reforma, la Argentina ha sido un país con libertad de culto y el Presidente puede ejercitar la religión que deseé. El Estado tiene la obligación de velar por la libertad de la religión.

Por otro lado, la Constitución prohíbe la presencia de elementos religiosos en lugares públicos estatales, como hospitales, transporte público, registros civiles o escuelas; considerando que no es una conducta neutral. Ahora bien, ¿quién no vio imágenes religiosas en un colectivo?, o ¿en la Cámara de Diputados de la Nación cuando Julián Domínguez, colocó una figura de la Virgen en su escritorio? La Constitución no prohíbe esto, sino que plantea que en un mismo espacio tiene que haber presencia de todas las religiones practicadas si hay presencia de una, reflexión bastante encrucijada, a decir verdad.

Pero volviendo a los temas de la semana, encontramos la ley de padrinazgo presidencial. Esta ley dictamina que el séptimo hijo, hombre o mujer, de una serie de seis hijos del mismo sexo, debe ser apadrinado por el Presidente que ejerza en el momento de nacimiento del niño. Pero la existencia de la ley no es lo que más sorprende a la sociedad, sino la negativa de la Iglesia de permitir al Presidente Macri ejercer este derecho por vivir en concubinato con su mujer, Juliana Awada.

Por otro lado, en el convento de la ciudad de Entre Ríos se encontraron elementos de tortura. El arzobispado sostuvo que estos elementos  y sus prácticas son formas de vida elegidas por las monjas. Podríamos argumentar que la vida privada de cada persona no debería ser analizada públicamente y que estas prácticas, con fines puramente religiosos, están avaladas por la Santa Sede. Pero ¿dónde está el límite? La Constitución plantea en el mismo artículo (22) que todos los concordatos con la Santa Sede (y otros organismos) son más importantes que las leyes, pero que toda forma de “…Tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes” están prohibidas.

El cuestionamiento es hasta dónde llega la ley en estos casos, que se concentra en elementos tan banales como las imágenes religiosas, pero no en situaciones que causan un impacto mayor en la sociedad. ¿Es posible que la religión llegue tan lejos como para permitir la autoflagelación, y a su vez, desacreditar al Presidente frente a la Iglesia por vivir en concubinato con su mujer? El límite no está impuesto. Atrás hay una sociedad que se deja llevar por las creencias, y esto es lo que preocupa.

 

Foto por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Flickr

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